El conflicto salarial de los trabajadores judiciales de Corrientes sumó en las últimas horas nuevos capítulos y se consolida como una disputa que excede lo gremial para convertirse también en un choque institucional. 

En el centro está un aumento del 12% definido a comienzos de 2026 por el Superior Tribunal de Justicia, dividido en dos tramos: un 6% ya aplicado en marzo y otro 6% correspondiente a abril que, hasta ahora, no se paga.

El punto crítico es que ese segundo tramo no fue incorporado al sistema de liquidación salarial, lo que en la práctica lo dejó fuera de los haberes. Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales denuncian que se trata de un incumplimiento directo de lo acordado en el ámbito del propio Poder Judicial y exigen la inmediata aplicación del porcentaje restante.

En respuesta, el gremio activó un plan de lucha que incluye asambleas en distintas dependencias de la provincia, protestas frente a edificios judiciales y un estado de alerta permanente. Las medidas se sostienen con una consigna clara: que se respete el acuerdo salarial vigente y se garantice la autarquía del Poder Judicial frente a las decisiones del Ejecutivo.

Del otro lado, el gobierno provincial mantiene una posición firme. Argumenta que la aplicación del 6% pendiente implicaría un impacto presupuestario de gran magnitud y podría comprometer el funcionamiento del Poder Judicial en los próximos meses. 

Desde el área económica advierten que el pago del aumento generaría un 'déficit' difícil de sostener, incluso con riesgo de que no haya fondos suficientes antes de fin de año.

La tensión escaló al punto de que el propio Ejecutivo intervino para frenar la carga del aumento en el sistema, lo que profundizó el conflicto. Mientras tanto, el Superior Tribunal de Justicia mantiene la vigencia de la acordada que estableció la suba, lo que deja expuesta una situación de superposición de decisiones entre poderes del Estado.

En este contexto, durante los últimos días se realizaron reuniones clave dentro del ámbito judicial para analizar cómo avanzar frente al bloqueo del pago. Sin embargo, hasta el momento no hubo una resolución concreta que destrabe la situación, lo que mantiene la incertidumbre entre los trabajadores.

El escenario sigue abierto. Con el salario deteriorado frente a una inflación que acumula más de dos dígitos en el primer trimestre, el reclamo por el 6% adquiere mayor peso entre los judiciales. Si no hay una salida en el corto plazo, el conflicto podría escalar hacia medidas de fuerza más contundentes, incluyendo paros provinciales.

Así, lo que comenzó como una discusión por un tramo salarial se transformó en un conflicto más amplio, donde se cruzan la puja por los ingresos, los límites presupuestarios y el alcance real de la autonomía del Poder Judicial en Corrientes.