Durante el 2024, hubo 13 muertes en lugares de encierro, bajo custodia o por acción/omisión de Fuerzas de Seguridad. Así lo remarcó el Informe del Accionar represivo del Estado, realizado por la Red Corrientes de Derechos Humanos y el Observatorio Conflictos Sociales del NEA.

Se trata de tres muertes más por el accionar represivo del Estado que en el 2023. Según el relevamiento, una muerte fue por autolesiones por ingesta de objeto cortante en el Área de Seguridad de la Unidad Penal N° 10  y dos muertes por abandono de persona en lo que respecta a atención médica adecuada. 

“Muertes por afecciones de salud  que tal vez en el medio libre no hubieran tenido ese desenlace”, afirmaron desde la Red de DD.HH y el Observatorio de Conflictos Sociales.

Asimismo, cinco personas fallecieron bajo responsabilidad policial, aprehendidas, perseguidas,  demoradas o atropelladas  en la vía pública por personal de fuerzas de seguridad provincial, sin disposición judicial alguna.

En  cuatro de estos cinco casos (80%), la muerte se produjo luego del paso o permanencia  dentro de una comisaría, bajo custodia y supervisión de las fuerzas policiales. 

La detención generalmente se debió a una alteración del orden público (sin ser delito). Tres casos fueron por averiguación de antecedentes, actitud sospechosa o aplicación del código contravencional; y un caso por demora por violar restricción judicial. Mientras que un caso se debió a una emboscada con móviles policiales sin paso ni permanencia en comisaría.  

“Todas estas aprehensiones y demoras estuvieron vinculadas a la alteración del orden público, por problemas de salud mental ocasionados por consumo problemático de sustancias”, se detalló en el informe. 

Para el Observatorio y la Red de DD.HH., “son sumamente preocupantes estas muertes bajo custodia o en el marco de operativos policiales, sin aplicación ni existencia de ningún tipo de  protocolo de actuación ante situaciones de consumo problemático”. 

“El Estado es responsable por el violento accionar de los efectivos policiales, por la detención contravencional como única respuesta ante la falta de políticas públicas de prevención/ contención y la insuficiente  intervención de salud pública en temas de consumo problemático o padecimientos mentales”, afirmaron. 

En la misma línea de las muertes en contexto de encierro, se deben señalar dos muertes bajo custodia del estado en situación de internación involuntaria en el Hospital de Salud de Mental, por incumplimiento a los deberes de cuidado: una  por ahorcamiento y otra por demoras en la atención de una urgencia quirúrgica. 

En el informe se aclara que “refiere solo a casos que han devenido en fallecimiento en forma inmediata a los hechos de violencia, o a consecuencia de los mismos, sin relevar para este análisis, los casos de apremios, torturas y violencia por parte de las fuerzas de seguridad  que no derivaron en muerte”.  

De todos modos, “se pudieron registrar mayor cantidad de casos de operativos policiales barriales, con disparos masivos de balas de goma, con lesiones oculares importantes en mujeres y niños”, indicaron. 

En ese sentido, “se evidencia la indiferencia de todos los poderes del Estado por la alta tasa de impunidad ante casos de encubrimiento, entorpecimiento, abuso y comisión de delitos por parte de policías de alto rango y de funcionarios políticos a su cargo”, recalcaron.  

“La desaparición del niño Loan Peña en la localidad de 9 de Julio, Corrientes, la detención del comisario de la localidad por participación en el secuestro y encubrimiento así lo demuestran”, aseveraron. 

Sobre la desaparición de Loan, señalaron que “queda mucho por esclarecer alrededor de otros funcionarios, de esa comisaria, de la Unidad Regional, de la Dirección de Delitos Complejos, de los jefes policiales y del propio Ministro de Seguridad”. 

“No basta solo con el apartamiento y designación de nuevos funcionarios, si no se va fondo contra estas prácticas de complicidad y encubrimiento que no tienen sanción ejemplificadora”, concluyeron.