Por Jere Giordano

La cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a dejar una imagen difícil de ignorar: miles de personas movilizadas en Corrientes y Resistencia en defensa de la universidad pública. Estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y distintos sectores sociales ocuparon nuevamente las calles frente a un escenario de ajuste sostenido sobre las universidades nacionales por parte del gobierno de Javier Milei.

La escena no aparece aislada ni responde solamente a una discusión presupuestaria coyuntural. El conflicto universitario se transformó en uno de los principales puntos de tensión política y social de la Argentina actual porque pone en discusión algo más profundo: quiénes pueden acceder a la educación superior y qué lugar ocupa el conocimiento público dentro de un modelo económico de exclusión y recorte estatal.

En ese contexto, la situación de la Universidad Nacional del Nordeste resulta particularmente significativa. La UNNE tiene una composición social marcada históricamente por estudiantes provenientes del interior de Corrientes, Chaco y provincias vecinas, muchos de ellos primera generación universitaria en sus familias. La crisis económica, el aumento del costo de vida y el deterioro salarial golpean directamente sobre esa realidad concreta. El encarecimiento del alquiler, el transporte, los materiales de estudio y la alimentación empieza a configurar una universidad cada vez más difícil de sostener para los sectores populares.

El recorte presupuestario anunciado por el Gobierno nacional y la apelación contra la Ley de Financiamiento Universitario profundizan esa dirección política. El desfinanciamiento ya no aparece únicamente como una consecuencia económica del ajuste fiscal sino como una estrategia orientada a redefinir el carácter mismo de la universidad pública. La negativa a habilitar paritarias, el atraso salarial de docentes y no docentes y la paralización de obras de infraestructura configuran un escenario de desgaste permanente para el sistema universitario nacional.

La masividad de las marchas, además, empieza a mostrar transformaciones políticas dentro de la propia juventud. En las movilizaciones realizadas en Corrientes y Resistencia volvió a destacarse la presencia de estudiantes de primeros años y de carreras masivas como Comunicación Social o Relaciones Laborales. Sectores que, en muchos casos, habían acompañado electoralmente al oficialismo nacional hoy aparecen participando activamente de las movilizaciones contra las políticas de ajuste. La universidad vuelve así a convertirse en un espacio de politización, discusión colectiva y organización frente al deterioro de las condiciones materiales de vida.

Las tensiones históricas dentro de la UNNE

El conflicto actual también reactualiza discusiones que atraviesan históricamente a las universidades nacionales y particularmente a la UNNE. Mientras el gobierno nacional instala discursos contra estudiantes extranjeros —que representan una porción mínima de la matrícula universitaria— quedan fuera del debate público los procesos de mercantilización y privatización que crecieron durante décadas dentro de las propias instituciones educativas.

En la UNNE, las distintas gestiones ligadas a la Franja Morada y la Unión Cívica Radical consolidaron mecanismos que fueron modificando progresivamente el acceso y el funcionamiento de la universidad pública. La tercerización de servicios, los arancelamientos directos o encubiertos, los sistemas restrictivos de ingreso y la creciente relación con sectores empresariales forman parte de un proceso sostenido que muchas veces avanzó incluso sin grandes niveles de discusión pública.

La contradicción aparece entonces con claridad: mientras sectores políticos universitarios se muestran públicamente enfrentados al ajuste del gobierno nacional, también cargan con una larga historia de políticas internas que favorecieron procesos de segmentación y desigualdad dentro de las universidades. La discusión sobre la defensa de la educación pública no puede limitarse únicamente al rechazo del recorte presupuestario actual si no incorpora también una revisión crítica de las estructuras de poder que gobiernan históricamente las instituciones universitarias.

En ese sentido, la referencia a la Reforma Universitaria de 1918 vuelve a cobrar fuerza. Aquel proceso histórico planteó la autonomía universitaria como una herramienta para desplazar de las universidades a los sectores clericales y conservadores que utilizaban la educación como instrumento de control político y social. Más de un siglo después, la discusión reaparece bajo nuevas formas: cuáles son hoy los intereses que condicionan el conocimiento y qué sectores terminan definiendo el perfil profesional, académico y político de las universidades públicas.

La cuarta Marcha Federal Universitaria dejó entonces algo más que una protesta multitudinaria. Dejó instalada nuevamente una discusión sobre el sentido de la universidad argentina, sobre su composición social y sobre el modelo de país que expresa cada proyecto educativo. En las calles del nordeste, la defensa de la universidad pública volvió a transformarse en una disputa política mucho más amplia: la defensa del derecho de las mayorías populares a acceder al conocimiento, permanecer en las aulas y construir futuro dentro de ellas.